El pasado 14 de mayo, el astrofísico Dr. David Galadí Enríquez era informado, por sorpresa y mediante un burofax, de su cese inmediato como Jefe del Departamento de Astronomía del Centro Astronómico Hispanoalemán de Calar Alto (CAHA) y también como responsable institucional del observatorio en divulgación y en relaciones con los medios de comunicación y con otras instituciones (con efectos a partir del 1 de junio, aunque en la Web de la entidad ya constan los mismos), sobre la base de un decisión tomada por los vicepresidentes del CSIC y del Instituto Max-Planck tras una reunión celebrada el pasado 8 de mayo. Dicho cese, según dice el burofax, se encontraría dentro del marco de reformas en la estructura y funcionamiento del Centro Astronómico, para garantizar su viabilidad a largo plazo.
El cese podría parecer que es uno más de lo muchos que de forma triste e irresponsable se suceden a diario en el mundo de la ciencia en España sin una justificación adecuada y sin una voluntad de diálogo. Sin embargo, por lo que hemos podido ver, muy posiblemente, según los trabajadores y trabajadoras del Centro y según los medios de comunicación, la decisión ha sido tomada únicamente como represalia por la participación del Dr. Galadí en diversos actos de protesta por el mal estado en el que están las instalaciones científicas del CAHA, y por la desesperante situación económica de uno de los más prestigiosos centros de investigación astronómica de Europa. Muy probablemente, la decisión del cese haya sido un castigo 'ejemplarizador' con el que se pretende asustar a los trabajadores y trabajadoras y evitar que ellos y ellas se muestren en público críticos con las decisiones presupuestarias que se van tomando por el CSIC y por el gobierno central.
La política de recortes presupuestarios en Educación Primaria y Secundaria, y en Universidades, así como en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) que viene padeciendo España desde hace unos años, especialmente con el actual gobierno pero también ya a finales de la época de mandato del anterior (política de recortes que desgraciadamente también llevan a cabo dentro de sus ámbitos competenciales la mayor parte de los gobiernos autonómicos) sin duda choca con uno de los objetivos básicos de nuestra entidad como es el del impulso del desarrollo de la ciencia y de la educación científica. Como acertadamente escribía el filósofo de la ciencia Mario Bunge en el año 2002 "Los buenos estadistas modernos son quienes (...) comprenden que no hay progreso sin ciencia. Los gobiernos que (...) dan la espalda a la investigación científica, condenan a sus pueblos a la ignorancia y por lo tanto a la indigencia" ('Ser, Saber, Hacer' Pág.. 30). Es más, el recorte en los presupuestos de la ciencia socava el derecho al goce de los beneficios del progreso científico que se recoge en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pero ese tipo de actuaciones, que creemos profundamente desacertadas al poner en grave peligro el futuro del país, aún empeoran más si cabe si en el debate público acerca de dichas actuaciones se trata de limitar otro importante derecho humano básico, como es el de la libertad de expresión. Mario Bunge, en la obra antes citada, también escribía que "(...) Aprendemos de otros y enseñamos a otros: no hay aprender ni, por tanto, saber en un vacío social. El prójimo nos estimula o inhibe. (...) La libertad de expresión facilita el aprendizaje y el debate racional, en tanto que la censura los limita, distorsiona o corrompe". Investigación científica de calidad y libertad de expresión tienen un nexo poderoso que las liga desde siempre.
En los último tiempos, como ejemplifica el caso del Dr. Galadí, estamos viendo como defender la Ciencia en estos momentos en España implica no sólo defender por un lado unas aportaciones presupuestarias adecuadas para toda la estructura de I+D+I de España, sino que además implica hacer frente a los ataques continuos al derecho a la libertad de expresión de los científicos y científicas, el cual se ve gravemente amenazado si es crítico con las decisiones de las autoridades.
Más que por los muy preocupantes y destructivos recortes en sí, en ARP-SAPC creemos aún más grave el ataque a la libertad de pensamiento y de divulgar dicho pensamiento libre en una institución científica como el CSIC, que debe ser antidogmática por definición.
Por todo lo anterior, y en defensa de nuestros principios como entidad, que abogan por el uso del pensamiento crítico y de la razón para el análisis de nuestro entorno natural y social, en ARP-SAPC no podemos por todo ello menos que mostrar nuestro rechazo absoluto a la decisión tomada por las autoridades del CSIC, añadiendo a las mismas el ruego de que recapaciten y vuelvan a situar a David Galadí Enríquez al frente de las responsabilidades de las que ahora ha sido cesado, por el bien del CAHA, del mismo CSIC y del funcionamiento de la ciencia en España.
ARP-SAPC
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