Edición 2012 - Número 256
Universidad Pública
Señor Ministro José Ignacio Wert
Somos gente de ciencia y, debido a ello, defendemos siempre que las decisiones han de estar basadas en un conocimiento sólido sobre el comportamiento y el origen de los problemas. Usted ha liderado una empresa de investigación, por lo que ha de saber de qué estamos hablando. Por ese motivo, resulta cuando menos indignante que realice usted afirmaciones que contradicen el conocimiento científico.
Las reformas que su Ministerio está comenzando a defender para ser aplicadas en la Universidad española no son nuevas. Se han implementado ya en otros países, en algunos de los cuales existen desde los años 80. Hablamos de la desaparición y fusión de universidades públicas, la subida de los precios de matrícula, la inestabilidad de los puestos de trabajo universitarios, la reducción del esfuerzo público en la financiación de las universidades, la transformación de becas en préstamos y otras medidas ya muy conocidas que fueron defendidas con los mismos argumentos que usted utiliza. Es un tiempo suficiente como para que abunden las investigaciones publicadas en revistas científicas de prestigio que denuncian los efectos nocivos que tales reformas han producido. Estos efectos se miden en términos de un importante aumento de la desigualdad social, distanciamiento entre universidad y sociedad, pérdida de la confianza del profesorado, resultados muy dispares y difíciles de predecir en productividad científica, serias dificultades para mantener los estándares de calidad, aumento de la burocratización, disminución de la autonomía universitaria, y un largo etcétera. Este amplio bagaje de experiencia internacional aconseja, fuera de toda duda, no cometer los mismos errores para la Universidad española.
Muy al contrario, la calidad de la investigación y de la docencia universitarias están en función, entre otras medidas, del esfuerzo presupuestario, de la inversión en investigación, de la reducción en el número de estudiantes por profesor o profesora, de las importantes ayudas económicas del Estado hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad, o de la cooperación transdisciplinar, transuniversitaria y transnacional en equipos colaborativos. Las universidades que usted señalará, sin dudas, como las mejores del planeta, se caracterizan por unas condiciones de trabajo que estarán aun más distantes de las nuestras si sus reformas finalmente se imponen.
Somos conscientes del importante lugar que ocupa la universidad en nuestra sociedad. Es la institución especialista en generar conocimiento y en educar a personas que practicarán ciencia, profesión y ciudadanía. La universidad es una apuesta esperanzadora por generar soluciones nuevas para mejorar nuestra sociedad. Por este motivo, la institución internacional con mayor competencia en el ámbito de la Educación Superior, la UNESCO, ha insistido en que es fundamental garantizar la autonomía universitaria, dotar a las universidades de suficiente apoyo estatal y reforzar su función pública.
Señor ministro, coincidimos plenamente con usted en que la situación que estamos sufriendo en este momento histórico requiere acometer, como mínimo, reformas de gran calado. Las actuaciones políticas que hacen falta son contrapuestas a un aumento del esfuerzo de la mayoría de la población, a la reducción del Estado a la mínima expresión o al refuerzo del protagonismo de los mismos agentes de mercado cuya ambición desproporcionada ha provocado la actual crisis global. Las medidas que necesita, entre otras, la sociedad española no pasan por debilitar las instituciones públicas como ocurre con sus incipientes propuestas para la Educación Superior. El conocimiento que hemos acumulado y que seguimos generando en nuestras organizaciones científicas aconseja hacer exactamente lo contrario que está dibujando en sus declaraciones.
Como es habitual en las instituciones académicas, cuenta usted con nuestro apoyo para construir e implementar soluciones sólidas que no solo nos permitan salir con dignidad de la situación actual, sino prevenir las futuras; o bien, cuenta usted con nuestra más firme, inquebrantable y duradera oposición, como resultado de nuestra actitud de defensa de la sociedad, especialmente la más desprotegida que aun quedará en peor situación si sus medidas son finalmente impuestas.
Por eso los firmantes de esta carta nos comprometemos a oponernos a las medidas y prácticas que, bajo el pretexto de la competitividad y la rentabilidad, se encaminan a la degradación del servicio público de la Educación Superior; a abrir espacios de expresión y análisis profundo del malestar de la comunidad universitaria, de sus causas y de las alternativas que puedan conducir a la solución; a movilizarnos mediante acciones concretas –que será necesario definir según los contextos- para afirmar nuestras propuestas y rechazar las que amenazan la equidad y el futuro educativo y a apoyar a los movimientos y acciones que, fuera de la universidad, conduzcan a la búsqueda del bien común.