Edición 2012 - Número 258
Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna
La Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión dice en su Art. 1.2º que la radio y la televisión son servicios públicos cuya titularidad corresponde al Estado, añadiendo a continuación en tales servicios uno de los principios rectores será (sic) la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones (Art. 4.a) A partir de este primigenio texto normativo, otros posteriores han intentado adaptar la legislación vigente al atribulado panorama radiotelevisivo de este país, así como a las exigencias de la pertenencia a la Unión Europea. Así, la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, cuya regulación ha venido a sustituir a la ya mencionada, redunda en el mensaje de aquélla al indicar en su artículo 3.2.b que la corporación RTVE deberá garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma perceptible, la información de la opinión. Por su parte, el precepto contenido en el artículo 3.2.l añade además que la citada corporación tendrá que promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura. Como puede comprobarse, la separación de un cuarto de siglo entre ambos textos legales no es impedimento para que los dos repitan un mandato que viene dado por las exigencias de una sociedad democrática y casi habría que decir que por el sentido común. Siempre ha existido el objetivo primordial de configurar unos medios de comunicación de y para la sociedad regidos por los principios de objetividad, veracidad y respeto a los valores de igualdad y convivencia. Sin embargo, la realidad y el mandato económico de las audiencias han configurado un panorama audiovisual donde los objetivos quedan en meras declaraciones de intenciones, las cuales son poco más que papel mojado. Sin embargo, entendemos que una corporación pública debe hacer valer la exigencia normativa y no prestar espacio a la venta de supercherías.
Las personas que formamos parte del Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna lamentamos y criticamos que todavía se dé pábulo en un espacio público a mitos sin fundamento alguno como los contenidos en el programa “Cazando fantasmas”, emitido en la víspera de difuntos del pasado 2011 y donde se habló de “bosques encantados”, “sucesos misteriosos”, “fantasmas” y se prestaron ojos y oídos a una pretendida médium. El programa fue un monumental cúmulo de despropósitos donde se dio carta de verosimilitud a un montón de patrañas cuyo único campo válido es el de la ficción, cuando desde el campo de la ciencia y a través de la función de la divulgación del conocimiento científico se ha trabajado duramente para eliminar la lacra de unas creencias que simbolizan épocas en las que la cultura era cosa de pocos y el oscurantismo campaba a sus anchas entre la mayor parte de la sociedad.
Es por ello por lo que solicitamos de la Corporación RTVE que cumpla con el mandato de su norma rectora e impida que a través de sus medios de comunicación se vendan las pseudociencias.