Edición 2010 - Número 7 (240) - 3 de julio de 2010
F. Mayor Zaragoza, F. Fernández Buey y J. Ávila
(Artículo publicado originalmente en el diario El País)
Recientemente se ha ido creando en las universidades públicas y en los centros públicos de investigación (OPIs), un sordo pero creciente malestar. Un malestar latente debido en parte a los recientes acontecimientos económicos, políticos y sociales de nuestro país y la forma en que las autoridades los han gestionado, pero también, y sobre todo, al efecto de las campañas de acoso y derribo que algunas corporaciones financieras y la amalgama ideológica liberal-conservadora vienen orquestando contra la universidad pública y contra los intelectuales y científicos que se han manifestado con espíritu crítico en los debates sobre nuestro modelo político, económico, institucional o judicial.
Una de las paradojas, casi esperpéntica, a que ha dado lugar esta campaña mediática, es que actualmente se viene presentado como alternativa a la gobernanza en la universidad pública un tipo de gestión, antidemocrático y sujeto a la dictadura del mercado que, como todo el mundo sabe, está en la base de la crisis que padecemos.
También ha contribuido al aumento de este malestar difuso el recorte de los presupuestos dedicados a las universidades públicas y la reducción de las partidas presupuestarias dedicadas a financiar la investigación científica, que han castigado particularmente al sector público.
Al malestar creado por "el mal gobierno" se une ahora, en nuestro caso, una creciente preocupación por las actuaciones de la derecha política y, en particular, la ofensiva contra los que, desde la ciencia, la política o la cultura, han manifestado públicamente posiciones críticas ante la decepcionante respuesta política y judicial al clamor de las víctimas del franquismo, la lentitud e inoperancia de la justicia y la persecución al juez que se atrevió a dar voz a las reivindicaciones de las víctimas.
Un caso especialmente grave ha sido la campaña de acoso y desprestigio del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, precisamente por haber autorizado un acto de reivindicación de la memoria histórica y en defensa de Garzón. El hecho de que esta nueva campaña haya sido liderada por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid explica, sin más, que en algunos casos el malestar y la preocupación se estén convirtiendo en animadversión.
Ante estos acontecimientos, el próximo 9 de junio en el CSIC, integrantes del mundo científico y universitario queremos reivindicar de nuevo nuestro derecho y nuestra obligación de ser críticos. Precisamente en el CSIC, heredero de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), institución pública en la que en las primeras décadas del siglo XX floreció la prometedora generación de científicos y pensadores que emprendieron la tarea de incorporar a España a la ciencia y el pensamiento moderno. Empeño brutalmente truncado por la guerra civil y la dictadura.
Creemos que ha llegado el momento de manifestar en público el malestar latente y de hacer frente al miedo ante la situación que se está creando en el país. Tenemos suficientes razones para pensar así. Entendemos que la generación de conocimiento y la capacidad de crítica son misiones sustanciales de la universidad y son también parte del espíritu científico cuando éste se quiere a la vez cívico y ciudadano. Reivindicamos, pues, el pensamiento crítico. Y pensamos que reivindicar aquí y ahora el pensamiento crítico, como científicos y como intelectuales, incluye asumir la responsabilidad de nuestro trabajo, responsabilidad que ha de ser tanto mayor cuanto más se goza de ese privilegio que es contribuir a la producción y generación de conocimiento. No sólo eso: creemos que el tiempo del silencio ha concluido. Que las comunidades científicas, artísticas y académicas deben impulsar la movilización democrática para la gran transición de súbditos resignados a ciudadanos plenos y participativos.
Como integrantes de la comunidad científica, como científicos de la naturaleza y de la sociedad, como humanistas amigos de la ciencia y como defensores de una cultura que quiere romper con los compartimentos estancos y con las Torres de Babel; y como miembros, además, de una Universidad que en España se ha distinguido tantas veces por su capacidad para afrontar la barbarie y el despotismo, creemos que es nuestro deber estar presentes en los debates públicos, en particular en los centros de estudio e investigación, aportando, en la medida de nuestras posibilidades, conciencia crítica al análisis de los procesos sociales y políticos.
Queremos intervenir en el debate público por solidaridad con otros, que lo merecen, por razones morales y por razones políticas. Es nuestra responsabilidad pero también nuestro derecho porque en estas cuestiones se dirimen principios y valores fundamentales para la convivencia y el futuro de nuestro país. Para ello, los firmantes hemos convocado un acto en la sede central del CSIC el próximo 9 de junio a las 18.30 horas.
Federico Mayor Zaragoza (Universidad Autónoma de Madrid, UAM), Francisco Fernández Buey (Universidad Pompeu Fabra), Jesús Ávila (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, CSIC), Jorge Riechmann (UAM), Bernardo Herradón (CSIC), Julio Aróstegui (Universidad Complutense de Madrid), Emilio Criado (CSIC) y Alicia Durán (CSIC) y 900 firmas más de científicos y universitarios.
URL: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ciencia/universidad/reivindican…