Edición 2012 - Número 255
La presente crisis económica y financiera a nivel europeo y mundial acabará convirtiéndose en una crisis social de enormes proporciones si los estados y sus gobiernos adoptan un programa de soluciones estrechas y miopes. Parece claro que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
La expansión del conocimiento humano y su transmisión a las nuevas generaciones están entre los más nobles fines de la humanidad. Pero, a la vez, son elementos absolutamente vitales e indispensables de nuestro bienestar social, económico, democrático y cultural.
No lograr mantener e incrementar la inversión pública en educación e investigación, a todos sus niveles, debería ser algo tan impensable como negarse a comprar y sembrar las semillas de la próxima cosecha.
De la misma forma, la rica herencia de la educación superior y de la investigación europeas, basadas en la cooperación, la libertad de cátedra, la autonomía y las formas de gobierno colegiadas, no debe ser destruida por los actuales recortes en el gasto público ni por las, cada vez más extendidas, formas de gestión de corte empresarial simplistas, conducentes a reconversiones que tienen en cuenta únicamente el interés privado y las necesidades económicas a corto plazo.
Por lo tanto, nosotros, los sindicatos de educación superior e investigación abajo firmantes, lanzamos este manifiesto en llamamiento de la defensa y de la mejora de nuestros sistemas de educación superior e investigación porque estos son una parte integral de la herencia de nuestros pueblos y de las sociedades libres y democráticas, y son actores fundamentales en la construcción de un futuro mejor.
Apelamos a nuestros gobiernos y a las instituciones europeas a que vuelvan a los principios de una Europa social, en cooperación y solidaridad con todas las regiones del mundo, cimentada en un alto nivel de investigación y educación.
En particular, pedimos el apoyo y seguimiento de las siguientes peticiones concretas que persiguen estos objetivos generales.
1. EL CONOCIMIENTO COMO UN BIEN PÚBLICO.
El conocimiento es uno de los bienes públicos que no se puede reducir a una mera mercancía. El uso y la circulación de conocimiento no lo gastan, sino al contrario, lo alimentan y lo ayudan a crecer. Hoy en día, sin embargo, la producción y transmisión de conocimiento están sujetas a un proceso mundial de mercantilización creciente. El enfoque privatizador del conocimiento frustra el progreso civil y democrático y compromete la libertad de cátedra. Deseamos defender y mejorar la naturaleza pública de los sistemas de investigación y educación europeos.
2. RECURSOS ADECUADOS A LOS OBJETIVOS.
Los objetivos de la Estrategia de Lisboa no se han logrado y podemos decir que Europa 2020 va a demostrarse inadecuada para promover una combinación de desarrollo sostenible, derechos civiles y democracia real. En los años precedentes, Europa ha invertido demasiado poco y de forma inapropiada en educación superior y en investigación. Dado el estado de la cuestión, deben apoyarse ampliamente la investigación básica y aquellas disciplinas que, si bien no generan rendimiento económico inmediato, mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.
3. AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO DE TODOS LOS ESTUDIANTES A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
La educación universitaria debe ser accesible para todos los estudiantes. Nos oponemos totalmente al aumento de las tasas académicas, en tanto que el sistema de préstamos ha demostrado su fracaso donde quiera que se ha introducido.
4. HACER EFECTIVA LA “CARTA EUROPEA DEL INVESTIGADOR” E IMPLEMENTAR LA “RECOMENDACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA UNESCO DE 1997”.
La Carta Europea del Investigador incluye una serie de principios generales y de requisitos que definen el papel, las responsabilidades y los derechos de los investigadores y de las instituciones en las que éstos trabajan y que los financian. Este documento aún no se aplica en muchos de los estados miembros, por lo que debemos priorizar el cumplimiento de los principios contenidos en la Carta y asegurar que se apliquen las medidas contenidas en ésta, con la excepción de aquellas referidas a la remuneración. Nuestra concepción de la investigación pública implica que la contratación, salarios y otras condiciones relativas a los investigadores públicos no deben basarse en las reglas de un mercado de trabajadores. Por otro lado, en aquellos países donde la posesión de un doctorado es un requisito de acceso a las carreras docente e investigadora en las instituciones públicas, éste debería mantenerse. También, los investigadores en formación deberían ser reconocidos como investigadores profesionales.
Igualmente acuciante, es la necesidad de extender los derechos y la protección a todas aquellas otras modalidades docentes e investigadoras no incluidas en la Carta Europea del Investigador y que en la práctica permanecen invisibles. A este respecto, creemos que Europa debe abrazar la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de la UNESCO de 1997. Finalmente, estamos convencidos que la defensa y la mejora de la libertad de cátedra, así como la autonomía de las instituciones de educación superior e investigación, sólo pueden alcanzarse en condiciones de responsabilidad pública, definidas y claras, y bajo formas de gobierno colegiado.
5. CALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LA DOCENCIA.
La calidad de la educación de las nuevas generaciones se asienta en la calidad de la investigación. Esto implica, entre otras medidas, la existencia de unidades de docencia pequeñas. Una docencia que se nutra de fuentes variadas no puede separarse de la investigación porque es, también a través de la docencia, como los descubrimientos más recientes son difundidos.
Sin embargo, no puede haber garantía de la calidad de la docencia y en la investigación sin políticas de inversión en la educación superior y en la investigación. Los docentes y los investigadores darán lo mejor de sí, sólo cuando el sistema de financiación sea el adecuado, cuando se favorezca el gobierno colegiado en las instituciones y se garantice la plena libertad de cátedra.
6. CARRERAS PROFESIONALES ATRACTIVAS PARA LA CAPTACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR ALTAMENTE CUALIFICADO.
Una carrera atractiva es fundamental para incrementar el número de docentes e investigadores en las instituciones europeas. La seguridad en el empleo, un entorno de trabajo propicio, instalaciones adecuadas, la plena libertad de cátedra, las formas de gobierno colegiadas, las oportunidades de promoción y, finalmente, y no menos importante, unos salarios dignos, son los factores más relevantes que configuran una carrera atractiva. Elevar el estatus del personal docente e investigador debe ser una prioridad. Sin una mejora de las condiciones de trabajo, los objetivos europeos nunca serán alcanzados.
7. MOVILIDAD.
Para la consecución de la integración ciudadana y cultural de Europa, y para la construcción de los Espacios Europeos de la Educación superior y de la Investigación, es absolutamente necesario incentivar, sin hacerla obligatoria, la movilidad internacional de docentes, investigadores y estudiantes, como una fuente primaria de desarrollo cultural y científico. Sin embargo, para su consecución, deben asegurarse por un lado, formas que garanticen la protección personal y profesional en la movilidad; y por otro, la financiación pública necesaria para hacer realidad el acceso equitativo a la movilidad, cualquiera que sea la procedencia social o geográfica de los estudiantes.
8. UNA EVALUACIÓN NO BUROCRÁTICA QUE PERFECCIONE EL SISTEMA.
Para que el personal docente e investigador no tema la evaluación de su trabajo y lo tome como una buena oportunidad para avanzar y mejorar, no sólo debe evaluarse el sistema, sino, también, revisarse el proceso de evaluación. La evaluación debe de tener en cuenta las tradiciones científicas y las de cada disciplina concreta, y no debe aplicarse para coartar la libertad de cátedra, ni tampoco debe servir para premiar únicamente las corrientes dominantes en la investigación. Debe ser realizada por pares, ser colegiada, transparente, y permitir la apelación. Por todas estas razones, pedimos nuevas ideas acerca de las relaciones entre el personal docente e investigador y las fuentes de financiación, y los fines y los objetivos de las instituciones de educación superior e investigación. Finalmente, la evaluación debe aplicarse como una herramienta para mejorar y apoyar la calidad, las competencias profesionales y las instituciones.
9. EQUIDAD EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIÓN Y DE AUTOGOBIERNO.
Para defender su naturaleza pública, las instituciones de educación superior y de investigación deben hacerse más democráticas y su autonomía debe basarse en formas gobierno colegiadas, y en la responsabilidad compartida. Todo el personal debe poder participar en los procesos de toma de decisión, independiente de su función en la institución. Más aún, debe darse mayor importancia a los representantes de los trabajadores y mayores derechos a los miembros electos.
10. IGUALDAD DE GÉNERO EN VEZ DE DISCRIMINACIÓN.
Las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos de toma de decisión en los sectores académico y de investigación, y pedimos incentivos para aumentar la proporción de mujeres en todas las etapas de la carrera profesional, especialmente en lo que respecta a las cátedras y puestos directivos, para así disminuir la brecha de género. Más aún, la evaluación de las instituciones de educación superior e investigación debe hacerse a la luz de su éxito para implementar las condiciones de equidad y el principio de no discriminación. Para reducir la brecha de género y garantizar políticas no discriminatorias efectivas se necesita todo un sistema de protección social que asegure los derechos y el acceso a los servicios sociales para todos los trabajadores, hombres y mujeres en igualdad, con especial atención a los derechos de los progenitores y a la igualdad de oportunidades.
11. DEFENSA DE LOS EMPLEOS, INCREMENTOS SALARIALES Y GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD.
Los docentes y/o investigadores y todo el personal tienen el derecho a la protección ofrecida por los procedimientos de negociación colectiva establecidos, o a estar amparados por un Estatuto. La calidad de la investigación y de la docencia se basa en derechos, unos salarios adecuados, un nivel de vida decente y un trabajo seguro. Hacemos un llamamiento a la mejora y ampliación de los sistemas educativos públicos, y de los derechos y la protección común a todos los trabajadores. Finalmente, mantenemos que es indispensable un sistema universal de apoyo a los salarios y al progreso en investigación y educación de los pueblos.